Una ley basada en la mentira de que abortar no es matar a un ser humano
Cuando hablo de 230.000 no estoy emitiendo una mera cifra, un simple dato estadístico: se trata de niños y niñas que tenían un inmenso porvenir ante sí, pero que ya no verán los ojos de sus padres, ya no aprenderán a gatear ni a hablar, ni llegarán a las guarderías ni a las escuelas, ni se harán adultos, ni encontrarán trabajo ni formarán familias porque un gobierno socialista decidió que los prefería muertos y puso todos los medios a su alcance para liquidarlos, empezando por obligar a las comunidades autónomas a financiar esa matanza con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, al considerar el aborto como una prestación básica del sistema nacional de salud, tratando el embarazo como una enfermedad que se “cura” matando al bebé que está por nacer. En España se da la circunstancia de que ninguna ley nacional contempla ayudas a las mujeres embarazadas, mientras que hay una ley orgánica que obliga a subvencionar la matanza de no nacidos. Algo aberrante.
Por si no bastase con todo eso, esa ley obliga a los estudiantes de Medicina a aprender como matar a los niños no nacidos, y maltrata a los médicos que -en el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia y haciendo honor a los principios deontológicos de su profesión- se niegan a colaborar con semejante matanza. Recordemos, de hecho, que el gobierno socialista defendió esa ley salvaje diciendo que abortar no es acabar con una vida humana, como si las mujeres concibiesen seres no humanos. Una mentira tan colosal, que pisotea la razón y la evidencia científica, la soltó el gobierno socialista en una respuesta parlamentaria, lo que es aún más grave.